El 5 de octubre de 2026 se convirtió en una fecha clave en el ámbito laboral en España, con la entrada en vigor del Real Decreto 723/2026. Esta normativa, que transpone la Directiva Europea 2019/1152, establece nuevas exigencias para las empresas en relación a la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales. Entre las principales obligaciones, se encuentra la necesidad de detallar por escrito aspectos esenciales como el salario, el tipo de contrato y la distribución de la jornada laboral, así como la utilización de sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial.

Contexto y objetivos de la nueva regulación

La Directiva Europea 2019/1152 tiene como objetivo principal garantizar la transparencia en las relaciones laborales, un aspecto que se ha vuelto cada vez más relevante en un mercado de trabajo en constante evolución. La incorporación de tecnologías avanzadas y sistemas automatizados en la gestión de recursos humanos ha generado un entorno laboral complejo, donde los trabajadores cada vez demandan mayor claridad sobre sus condiciones de empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha subrayado que esta norma refuerza el derecho de los trabajadores a conocer, de forma clara, los aspectos esenciales de su relación laboral.

"Esta norma refuerza el derecho de las personas trabajadoras a conocer, de forma clara y por escrito, los aspectos esenciales de su relación laboral desde el inicio de la prestación de servicios" - SEPE

La normativa deroga al antiguo Real Decreto 1659/1998, que ya no se ajustaba a las realidades del mercado laboral contemporáneo. Con este cambio, las empresas deberán adaptarse a un nuevo marco que prioriza la transparencia y la seguridad jurídica, especialmente en lo que respecta a la contratación temporal y las condiciones laborales de los empleados.

Obligaciones específicas para las empresas

Una de las novedades más significativas es que la información sobre los elementos esenciales de la relación laboral deberá facilitarse antes del inicio de la actividad laboral. Esto implica que, a partir de ahora, los nuevos contratos que se firmen y que tengan una duración superior a cuatro semanas deberán incluir información detallada sobre la duración del contrato, jornada, retribución, periodo de prueba y el convenio colectivo aplicable.

Además, en el caso de los contratos temporales, las empresas están obligadas a proporcionar información más precisa sobre la duración previsible de la relación laboral, incluyendo la fecha de finalización en aquellos casos donde se pueda determinar. Este enfoque busca reducir la incertidumbre que rodea a los contratos temporales, contribuyendo a una mayor previsibilidad para los trabajadores.

Para aquellos empleados que ya tienen un contrato previo, la normativa establece que pueden solicitar información actualizada sobre sus condiciones laborales en un plazo máximo de 30 días hábiles. Las empresas deberán responder a esta solicitud en un plazo de un mes, lo que refuerza aún más la obligación de transparencia.

Implicaciones en el mercado laboral

La implementación de esta normativa supone un giro en la relación entre empresas y trabajadores. Por un lado, se espera que fomente un entorno más justo y equitativo, donde los empleados tengan acceso a información fundamental sobre sus derechos y condiciones laborales. Esto podría resultar en un aumento en la satisfacción laboral y, en última instancia, en la retención del talento.

Sin embargo, también se presentan desafíos para las empresas, que deberán revisar y modificar sus prácticas de contratación y gestión de recursos humanos. La adaptación a estas nuevas exigencias requerirá tiempo y puede implicar costes adicionales, especialmente en términos de formación y desarrollo de nuevas políticas internas.

La mayor transparencia en las relaciones laborales también podría influir en el comportamiento de los trabajadores, quienes pueden sentirse más empoderados para exigir mejores condiciones y derechos. Asimismo, las empresas que no cumplan con estas nuevas obligaciones se enfrentan a riesgos legales y reputacionales significativos.

En conclusión, la entrada en vigor del RD 723/2026 representa un paso crucial hacia un mercado laboral más transparente y predecible en España. Las empresas deberán adaptarse rápidamente a este nuevo marco normativo, lo que podría alterar la dinámica de poder en las relaciones laborales y, potencialmente, transformar la cultura organizativa en el país.